Microsoft, ¿la solución de Zapatero contra la crisis?


En el Día Internacional de los Trabajadores, con unos endebles sindicatos, es tan triste como obligatorio denunciar que, nuevamente, y sin concurso público, la industria española del software podría recibir un golpe definitivo por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para beneficiar al monopolio.

En España hay, aproximadamente, 2,6 millones de alumnos de primaria que, según varias filtraciones de prensa no desmentidas, van a recibir un mini-PC con el software de Microsoft preinstalado.

Al margen de excluir a toda la industria española de esta iniciativa, que condicionará el futuro del software en nuestro país, existe el problema del gravoso coste. Si se considerara un precio (rebajado) de 60 Euros por cada sistema operativo y de otros 52 Euros por cada licencia de Microsoft Office para Estudiantes, estaríamos hablando de un dispendio anual y recurrente en el tiempo de prácticamente 100 millones de Euros. Y, a lo anterior, habría que sumar otros costes de licencias, como el antivirus, indispensable para ese sistema operativo (e innecesario para Linux) y que exige contratar actualizaciones de aproximadamente 25 euros anuales por usuario, además del coste de todo el resto de aplicaciones de uso común para Windows, muchas de ellas muy onerosas; así como los sobreesfuerzos de mantenimiento que requiere Windows y que tendrían que sufragar las comunidades autónomas.

Esta intención del Gobierno es completamente censurable, una decisión muy desafortunada que derrocha innecesariamente los fondos públicos, máxime, en un momento tan grave de crisis y de sacrificio para más de 4 millones de españoles sin trabajo, en el que el creciente déficit público preocupa seriamente a la sociedad y cuando las instituciones y agentes sociales claman por cautela económica y buen gobierno.

Una contratación pública irregular y contraria al principio legal de Neutralidad Tecnológica, a la igualdad de oportunidades que debe regir en la Administración Española, así como a los principios de la Ley 30/2007 de Contratos en el Sector Público y de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Una atroz determinación del gobierno socialista que también vulnera los principios reguladores de la adquisición de bienes informáticos, así como los de oportunidad y transparencia económica, eficacia en el gasto y de eficiencia que deben regir una buena administración pública, puesto que hay alternativas libres especialmente orientadas a la educación y que han sido sobradamente probadas en Comunidades Autónomas como Extremadura, Andalucía, Madrid y Valencia, entre otras.

Y, es necesario reseñarlo, las Comunidades Autónomas que ya tienen soluciones para la educación basadas en Software Libre verían invalidadas sus inversiones y su filosofía de trabajo de los últimos 10 años, teniendo que comenzar prácticamente desde cero. Por contra, las soluciones basadas en Software Libre tendrían un coste cero para las arcas de Estado y permitirían invertir esas cantidades en otros menesteres y, sobre todo, en las empresas nacionales, que tanto lo necesitan en este momento para poder crear empleo estable, cualificado e innovador. Es posible hacerse una idea del enorme derroche que supone la decisión de usar el software privativo de Microsoft en este gigantesco y hasta ahora secreto proyecto educativo, calculando que con ese enorme presupuesto se podría pagar la nómina de 3.235 nuevos maestros con un sueldo de 30.000 Euros anuales, o se podrían costear casi 15 millones de vacunas anuales, a 6,5 Euros la unidad.

En tiempos de crisis, es fundamental apostar por las empresas nacionales, apoyándolas en todo lo que sea posible o, al menos, proporcionándoles las mismas oportunidades que a sus competidoras extranjeras. No cabe la menor duda que esta sería la única forma de preservar nuestros empleos, equilibrar nuestra balanza de pagos y aumentar nuestro producto interior bruto, en vez aumentar la brecha de nuestras empresas con sus competidoras foráneas.

No obstante, y vale también para los tiempos de bonanza, es fundamental dar opciones que no hipotequen el futuro de nuestros hijos y, por ende, de España; pues, además de todo lo expuesto aquí, existe una preocupación cultural por la grave “dependencia tecnológica” que se produciría si los estudiantes se educaran, desde la más tierna infancia, sólo y exclusivamente, usando una tecnología cerrada, que es propiedad de una multinacional extranjera y que podría ser discontinuada en cualquier momento por la decisión unilateral de dicha empresa, del mismo modo que ya ha hecho con otros de sus productos.

En definitiva, ¿software libre o software privativo? En la pregunta tenemos la respuesta, una cuestión el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero no nos permite ni plantearnos

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